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La corrupción aún no se acaba

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Por: Fernando A. Marín

La Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, ha presentado el informe anual de la institución que dirige el pasado 16 de mayo. En dicho informe se afirma que se han desarticulado 48 estructuras criminales, entre las cuales destacan los casos de corrupción como el Caso TCQ, la Cooperacha, Cooptación del Estado, las Plazas Fantasmas y aquellos relacionados con negocios inescrupulosos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Hay que destacar la labor que ha realizado el Ministerio Público en encausar su esfuerzo para desmantelar estas estructuras criminales que han usado al Estado para su enriquecimiento ilícito e intereses personales. Con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, por sus siglas), se ha logrado cambiar la percepción, como lo afirmó la fiscal, que no hay nadie que no pueda ser alcanzado por la justicia. Un paso importante para crear una cultura de legalidad que tanto hace falta.

El elemento disuasorio que han generado estos casos no es algo menor. Junto a la labor del MP, es de destacar la labor realizada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Con su trabajo se ha demostrado que con un efectivo control y fiscalización se han mejorado las metas de recaudación del Estado. Ha contribuido a que las personas asuman el pago de impuestos que les corresponde. Se ha fortalecido la cultura de legalidad tributaria. Se ha dado un paso importante, pero aún no es suficiente, siempre existe espacio para mejorar.

Guatemala ha vivido décadas bajo el control de personas que han utilizado prácticas corruptas para generar fortuna, una cultura de impunidad y promovido indirectamente que muchas personas y empresas se hagan de la vista gorda al momento de pagar los impuestos que les corresponden. Un quiste estructural y cultural que no se remueve con solo tres años de trabajo. Para continuar con esa labor se necesita dotar de recursos a las instituciones: financieras, humanas y de capacidades. Se requiere cooperación entre las distintas instituciones, pero, sobre todo, se requiere la voluntad de las personas que las dirigen.

Las estructuras mafiosas se reagrupan, se adaptan y se reorganizan para seguir operando, es por eso que se debe de estar un paso adelante, de allí la importancia de invertirle al país en el fortalecimiento de sus instituciones. Repito, este es solo un paso. El Ministerio Público, si bien es el encargado de la persecución penal, no es el único ente del Estado que debe identificar a estas mafias. Existe aún un asterisco en el funcionamiento de la Contraloría General de Cuentas.

Las prácticas de fiscalización distan ser las idóneas. Las grandes denuncias por uso indebido de los recursos del Estado deben provenir de la Contraloría, que hasta la fecha es el gran ausente en la identificación de esas estructuras. La corrupción no se acaba aún, es parte de una cultura de impunidad que poco a poco debe ir desapareciendo. El trabajo que se ha realizado es plausible, pero aún queda mucho camino por recorrer. Cambiar mentalidades, cambiar prácticas es un trabajo de perseverancia.