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El Ejército de Guatemala, entre el bien y el mal

Fundado en junio de 1871, el Ejército de Guatemala llega hoy a 145 años de existencia y muchos le cuestionan a la institución armada la extralimitación en sus funciones durante y después del conflicto armado interno, mientras que otros la respaldan por la exigencia de su labor en la defensa de la integridad del territorio, especialmente frente a nuevas amenazas como el crimen organizado.

Los criterios están divididos, pues a pesar de todo, es la institución más confiable y con mayor credibilidad entre los guatemaltecos, según el estudio “Cultura Política de la Democracia en Guatemala y en las Américas 2014”, a pesar de que acopia la quinta mejor partida del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado (superando a varias carteras y a lo destinado al Organismo Judicial, Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses) y, quizá, la que más polémica despierta por su historia y simple existencia.

Acusaciones y defensa

Sucede que los anales de la historia reciente del país, le otorgan glorias por su participación en la Revolución del 44 y condenas por las masacres cometidas durante los 36 años de conflicto armado interno.

Además, en los últimos años se ha cuestionado su actuar por rebasar lo pactado en los Acuerdos de Paz, la supuesta malversación de fondos desde el Instituto de Previsión Militar (IPM) y los señalados enlaces de militares con el crimen organizado.

Sus detractores critican la participación innecesaria de tropas en la pretación de seguridad ciudadana y el desfalco de Q471 millones del Ministerio de la Defensa Nacional en el 2001, durante el gobierno de Alfonso Portillo, por el que son procesados Enrique Ríos Sosa, hijo de José Efraín Ríos Montt, y ocho militares más.

También la inversión fraudulenta en el Pension Fund of America (PFA) por $23 millones del IPM descrita en un cable de la embajada de Estados Unidos escrito en 2003 y revelado por Wikileaks años después.

Por si fuera poco, se recuerda la implicación de exmilitares en narcotráfico, como el caso de Marlon Monroy Meoño, en proceso de extradición a Estados Unidos, y quien se presume que tuvo apoyo de militares en activo para el trasiego de estupefacientes.

Con todo lo anterior, las opiniones sobre el Ejército que existe y el que se necesita son muy encontradas y parecieran ubicarlo entre la línea del bien y el mal.

Es cierto que “el Ejército de ahora no es el mismo del período de las violaciones a los derechos humanos; sin embargo, debido a que no se redefinió la estructura interna y no se cambiaron los protocolos, en lugar de ser una institución contrainsurgente y violadora de los derechos humanos, pasó a ser una entidad altamente permeable a la corrupción”, dice al respecto Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).

Como muestra de ello mencionó los señalamientos contra encargados de finanzas del Ejército, como Ríos Sosa. “Entonces no necesariamente tenemos el Ejército que esperábamos desde los Acuerdos de Paz. Este es un Ejército que presenta muchas debilidades”, dijo.

Con lo anterior coincide el analista Héctor Rosada, quien afirma que “no tenemos el Ejército que necesitamos”, sobre todo porque las funciones de la fuerza armada las termina redefiniendo el gobierno en turno.

“Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con que los gobiernos hayan resuelto utilizar a la milicia para funciones de seguridad interna o para, como se hace ahora, equipar las escuelas con la elaboración de escritorios”, puntualiza Rosada.

El coronel retirado Mario Mérida apunta que si bien estas actuaciones en asuntos civiles pueden ser objetables, incluso desde lo interno, por no responder a cuestiones militares, “sí están vinculadas a tareas de cooperación” con otras instituciones del Estado, mismas que están contenidas dentro de la misión de la milicia.

“Además, la participación del Ejército en asuntos de seguridad interna es mínima, mientras su involucramiento en el resguardo de la integridad del territorio sigue siendo importante, aunque los recursos sean insuficientes para cumplir eficazmente con la misión”, añade.

El exministro de la Defensa, Ronaldo Leiva, dice al respecto: “No es que el Ejército en sí se abrogue tareas que no le corresponden; el problema es que siempre está bajo la autoridad civil, que es volátil conforme a los gobiernos.

Lo mismo ocurre con la corrupción, la que está ligada a las administraciones en turno y no a la institucionalidad propia de la Defensa. Por ejemplo: la corrupción en el período de Alfonso Portillo, cuando esta autoridad civil utilizó la entidad para mover capitales con fines ilícitos”.

Dado lo anterior, Polanco considera que es necesaria la instauración de más y mejores mecanismos de control interno en el Ejército, mientras Leiva y Mérida apuntan hacia el apego de la milicia a las funciones propias de defensa externa y la consideración de que la institución urge de una mejor atención para enfrentar las nuevas amenazas que se ciernen sobre el territorio.

Sobre las objeciones, la vocera del Ejército, teniente coronel Karen Pérez, respondió  que en el marco de las acciones de apoyo a la seguridad ciudadana, hay un mandato sustentado en el decreto 40-2000 que viabiliza esta función.

“Recordemos además que la Constitución Política de la República, en el artículo 244 establece que es responsabilidad del Ejercito velar por la seguridad externa e interna del país”, por lo cual no vemos extralimitación alguna.

Sobre la corrupción que ha afectado a la institución en años anteriores, la vocera destacó que los señalados por estos hechos son exmilitares, por lo cual omitió opinión alguna al respecto. Solo recordó que las fuerzas armadas han iniciado la implementación de varias herramientas que han obligado a mayor transparencia en la administración de dicha cartera.

“De esta manera buscamos que los recursos que gestionamos sean utilizados de la mejor forma en función del adecuado cumplimiento de la misión constitucional que poseemos”, concluyó.

Tener o no tener Ejército

Con todo, el debate no es solo si tenemos el Ejército que necesitamos, sino también si es necesaria la subsistencia de esta institución.

“Yo creo que no es necesaria su permanencia”, dice Rosada, quien apuesta por que en su lugar se opte por fortalecer el sistema de seguridad y justicia.

Mérida, por aparte, cree que esta pregunta debe ser propia de un referéndum para que sea el pueblo guatemalteco el que defina la necesidad o no de una institución de este tipo.

“Creo que este debate es más ideológico, pero la institución sigue teniendo una razón de ser frente a las nuevas amenazas externas como el crimen organizado”, destaca Leiva.

El director del GAM añade que desde los Acuerdos de Paz, se buscó la reconfiguración de la misión del Ejército, mas no la desmilitarización del Estado, por lo cual “una discusión de ese tipo debe abordarse por los canales más efectivos”.

Mientras tanto, el Ejército volverá a celebrar  su día con un desfile el próximo domingo.

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